Economía

Ñane energía

El proyecto contempla aplicar un subsidio directo que va desde un 15% hasta un 90% de la tarifa de la ANDE, según el consumo acumulado por mes y en determinados momentos del día. Cuanto menor es el consumo, mayor será el porcentaje de subsidio. La idea –loable, por cierto– es que el subsidio beneficie más a quienes menos tienen.

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En el mecanismo establecido para su aplicación, empero, hay una primera gran complicación, ya que discrimina no solo por el nivel de consumo, sino por el momento en el que se registra. No es lo mismo un consumo en horas pico (ocho de la noche) que en la franja de consumo bajo (tres de la mañana). El problema es que los medidores de la ANDE no pueden hacer esa discriminación, solo registran cuánto se consumió, no cuándo se consumió. Para poder discriminar, la ANDE deberá reemplazar los medidores de más del 90% de sus clientes. Según estimaciones, el cambio costará entre 80 y 100 millones de dólares, y necesitará cuatro años.

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Esto implica que, durante ese lapso, algunos clientes ya tendrán el nuevo medidor y otros no, lo que supone que unos podrán gozar del subsidio, mientras otros deberán seguir esperando. Como ven esto resulta inaplicable. Quizás podría solucionarse simplificando el subsidio, fijándolo sobre el nivel de consumo y punto.

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La otra cuestión es el costo. Una primera proyección realizada por ANDE sobre la base del millón y medio de clientes arroja una erogación anual que va de 141 millones de dólares a más de 212 millones. Podríamos considerar que, aunque es mucho dinero, no es mala idea que termine en el bolsillo de los consumidores. De hecho, en la práctica casi la mitad de los clientes gozarían de una reducción de tarifa de hasta el 50%.

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Acá viene, sin embargo, la complicación mayor. De acuerdo con la ley, el subsidio se cubrirá con los “fondos sociales” de Itaipú y Yacyretá. Esos fondos no aparecen en los tratados que dieron vida a las binacionales, fueron creados para que cada gobierno –tanto los nuestros como los de Brasil y Argentina– pudieran hacer prebenda política repartiéndolos arbitrariamente. Como no figuran en los tratados, su existencia depende de la voluntad política de los gobiernos, que los aprueban cada año, a través de sus consejeros en las binacionales. Esto significa que si en un año determinado los consejeros brasileños en Itaipú o los argentinos en Yacyretá no dan su aprobación, no habrá fondos sociales para ese ejercicio. Y punto.

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Imaginemos el escenario de un Paraguay con una tarifa eléctrica subsidiada a la mitad para la gran mayoría, un beneficio atado a la voluntad política de Brasil y Argentina que cada año deben aprobar la creación de los fondos que financian ese subsidio. Recuerden que en cualquier país pobre, duplicar de golpe un servicio básico como el de la electricidad es prácticamente un suicidio político.

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Coloquemos ahora en ese contexto al presidente paraguayo que deba negociar con Brasil y Argentina la reformulación de los tratados de Itaipú y Yacyretá (en realidad, el de Yacyretá ya lo jodieron). Visualicemos a ese presidente exigiendo el derecho de vender a terceros nuestro 50% de la energía; o el pago a precio de mercado por la energía que les cedemos

Imaginemos por último la amplia sonrisa en el rostro del brasileño o en el del argentino mientras le recuerda a nuestro negociador de turno que de su voluntad depende que no haya mañana en las calles miles de furiosos consumidores pidiendo su cabeza

Y eso que estoy suponiendo cándidamente que nuestro negociador de turno no se vendió, y que tiene gónadas de las que los otros puedan aferrarse. No será popular, pero tengo que decirlo: es muy buena intención, pero una pésima idea